Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Desde la declaración del “conflicto armado interno” en enero de 2024, el país vive bajo un clima de represión estatal, crisis económica y descontento social. Las medidas y decretos de austeridad del gobierno de Daniel Noboa han provocado un profundo reordenamiento estatal y social, con despidos masivos, precarización y pérdida de derechos laborales y sociales que han generado un gran impacto emocional. En este escenario, las calles se han convertido nuevamente en espacios de resistencia, mientras los medios oficiales intentan imponer un silencio administrativo sobre el conflicto.
Decreto 60: Reorganización del Estado y despidos masivos
El 24 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 60, eje central del llamado Plan de Eficiencia Administrativa, Transición y Transformación. Bajo el discurso de “modernizar el Estado”, el decreto dispone la fusión de ministerios, secretarías y entidades públicas. Entre las medidas más controvertidas se encuentran la fusión del Ministerio de Cultura y Patrimonio con el Ministerio de Educación y Deporte, la integración del Ministerio de Energía y Minas al de Ambiente, y la adscripción del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos al Ministerio de Gobierno. La reestructuración redujo el número de ministerios de 20 a 14, lo que representa una disminución del 41 % en la cartera estatal y el despido de al menos 5. 000 funcionarios públicos.
Crisis hospitalaria y desfinanciamiento social
La crisis no se limita al plano administrativo. Desde 2023, el presupuesto de salud pública ha sido objeto de recortes sucesivos: pasó de USD 3 219 millones en 2023 a USD 2 798 millones en 2025. Las consecuencias son visibles: hospitales con falta de insumos, medicamentos y alimentos; trabajadores de salud que deben llevar comida para sus pacientes o intercambiar materiales reciclables por donaciones del banco de alimentos. La precarización se extiende al personal de limpieza, seguridad y cocina, afectando la atención médica y la dignidad de quienes dependen del sistema público.
“La crisis ya no es estadística, se siente en los cuerpos”, comenta un médico del Hospital Eugenio Espejo que prefirió mantener el anonimato. “Sin insumos ni personal suficiente, estamos atados de manos”.
Dependencia financiera y austeridad impuesta
En mayo de 2024, el gobierno de Noboa firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 4.000 millones, bajo el programa Servicio Ampliado del Fondo. El aparente objetivo de este convenio es respaldar la estabilidad económica del país, reducir el déficit fiscal, promover reformas estructurales y fortalecer las reservas internacionales. A cambio, el Ecuador se compromete a aplicar un conjunto de políticas de corte neoliberal orientadas al ajuste fiscal y la liberalización del mercado.
El desembolso de los recursos se realizará de manera gradual y está condicionado al cumplimiento de metas como la reducción del gasto público, la contracción del presupuesto estatal y la flexibilización del mercado laboral. Actualmente, la deuda ecuatoriana con el FMI asciende a USD 8 705 millones, lo que coloca al país como el cuarto más endeudado con el organismo a nivel global. Los desembolsos, aunque presentados como apoyo para la “transformación económica”, han intensificado los ajustes sociales y debilitado los servicios públicos esenciales.
Crisis de seguridad
La crisis de seguridad en Ecuador alcanza niveles alarmantes. Entre enero y julio de 2025, los homicidios se incrementaron un 40,36% respecto al mismo período del año anterior: se reportaron 5268 muertes violentas frente a 3753 en 2024. A ello se suman cifras estremecedoras de UNICEF, que en 2023 registró al menos 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes, un aumento del 640% en comparación con 2019 reflejo de la expansión del control armado sobre los territorios urbanos y rurales.
Esta escalada ocurre al mismo tiempo que el gobierno de Daniel Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” en el país. Con esta medida, el Estado busca justificar el uso de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna. Sin embargo, varios organismos de derechos humanos han señalado que esta declaración puede promover la militarización del país y servir para criminalizar la protesta social, al tratar las manifestaciones o las expresiones de inconformidad social como posibles actos de terrorismo.
En paralelo, el aumento del IVA del 12% al 15%, vigente desde el 1 de abril de 2024, generó más de USD 1319 millones adicionales para el Presupuesto del Estado. El Ejecutivo justificó este incremento como necesario para “reforzar las fuerzas de seguridad, mejorar la infraestructura penitenciaria y desarrollar estrategias a largo plazo”. Sin embargo, el economista Alberto Acosta advirtió que el excedente del impuesto “puede usarse para otros fines” y que no existe una relación legalmente condicionada entre el alza del IVA y el fortalecimiento de la seguridad o el desarrollo social. En un contexto de violencia generalizada y represión estatal, el destino de esos recursos se ve difuso y parece apuntar más hacia la consolidación de un Estado armado que hacia la protección de la vida.
Violencia, desplazamiento interno y huida internacional
La combinación de desempleo, austeridad y debilitamiento de las redes de protección social alimenta la migración. En 2023, las salidas registradas superaron el 1,7 millones de personas, de las cuales unas 121.000 no retornaron, según datos de registro migratorio interno. En 2024, Ecuador registró unos 101.000 casos de desplazamiento interno por violencia y conflicto armado, lo que lo convierte en el tercer país de América Latina con más desplazados internos. Al mismo tiempo, miles de ecuatorianos están emprendiendo rutas de migración internacional. Un informe de Insight Crime señala que más de 80.000 personas fueron desplazadas forzosamente entre enero y octubre de 2024, y que los ecuatorianos que cruzaron rutas de migración hacia Norteamérica pasaron de 24.900 en 2022 a 124.000 en 2024.
Decreto 126: “Si sube el diésel, sube todo”
El 25 de julio de 2025, Quito fue el epicentro de manifestaciones masivas encabezadas por colectivos feministas, ecologistas, artistas, sindicatos y comunidades indígenas. Las protestas, que se extendieron a ciudades como Cuenca e Imbabura, denunciaron que las reformas impulsadas por el presidente Daniel Noboa responden a un modelo neoliberal que prioriza la deuda y el control antes que la vida. Las movilizaciones también exigieron la defensa de la Corte Constitucional, luego de que el Ejecutivo intentara revertir su decisión de suspender varios artículos de tres leyes impulsadas por el propio gobierno: la Ley Orgánica de Integridad Pública, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y, especialmente, la controvertida Ley de Inteligencia. Esta última ha generado preocupación por disposiciones que permiten a las Fuerzas Armadas acceder a datos virtuales, bancarios y aduaneros de personas calificadas como “terroristas”, así como intervenir en bases de datos e incluso eliminar información, medidas que diversos sectores consideran una amenaza para la violación a derechos de privacidad y libertad de expresión.
FOTO 8. Marcha convocada por el Estado, con apoyo de las fuerzas militares, en rechazo a la decisión de la Corte Constitucional de no aprobar la ley de inteligencia. Autora. Ivo Flores B.
El anuncio de la portavoz gubernamental, Carolina Jaramillo, sobre la fusión de ministerios estratégicos y la posterior eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto 126, encendieron aún más la indignación. La medida, adoptada para acceder al préstamo del FMI, derivó en paros nacionales y bloqueos de vías en todo el país, con especial fuerza en Imbabura, Quito y Azuay. Las manifestaciones fueron convocadas por comunidades indígenas, población civil, activistas y gremios sindicales, quienes presentaron un pliego de demandas que incluía: la derogación del Decreto 126, la suspensión de concesiones mineras en territorios ancestrales, la restitución de los ministerios de Ambiente y de la Mujer, y la creación de una mesa de diálogo nacional vinculante.
Sin embargo, el gobierno no respondió a los pedidos ni cumplió con los acuerdos propuestos por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI). sino que reaccionó de manera inmediata y violenta a través de represiones, detenciones arbitrarias y un uso desproporcionado de la fuerza militar. En el sector de San Miguel del Común, al norte de Quito, la población denunció la presencia de militares armados , el lanzamiento de gases lacrimógenos dentro de viviendas y agresiones a menores de edad, hechos documentados por organizaciones de derechos humanos y justificados por el gobierno bajo la figura de “terrorismo”.
Cuenca: “¡Quimsacocha no se toca!”
El 16 de septiembre de 2025, miles de personas se movilizaron en Cuenca bajo la consigna “¡Quimsacocha no se toca!”, en rechazo al proyecto minero Loma Larga, una iniciativa de minería subterránea que busca extraer oro, plata y cobre en los páramos de Quimsacocha, en el cantón Cuenca, en la provincia del Azuay. El proyecto, operado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals (antes INV Metals), ha sido duramente cuestionado por su potencial impacto sobre las fuentes de agua que abastecen a más de 600.000 habitantes del sur del país y por la falta de una consulta previa efectiva con las comunidades locales. Estas comunidades denunciaron que la licencia ambiental otorgada a la compañía ponía en riesgo los ecosistemas de alta montaña y los sistemas hídricos que sostienen la vida agrícola y rural de la región, convirtiendo el rechazo a este proyecto en un nuevo símbolo de la resistencia frente al modelo extractivista en Ecuador.
La movilización coincidió con el paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas del gobierno. Tras la presión social, el presidente anunció la revocatoria de la licencia ambiental, afirmando: “Yo no voy a seguir con este proyecto… Municipio y Prefectura, háganse cargo ustedes (…) si tienen que ir a la corte de Londres a pelearse con Dundee, tienen que ir y sustentar sus informes”. Noboa advirtió además que los gobiernos locales podrían enfrentar demandas internacionales por parte de la minera, deslindando así la responsabilidad del Ejecutivo.
En medio de este conflicto, el líder ambiental y excandidato presidencial Yaku Pérez presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y Dundee Precious Metals, acusándolos de tráfico de influencias, cohecho y conflicto de intereses. Según Pérez, la licencia ambiental fue concedida en junio de 2025 mediante un presunto fraude, tras donaciones de la empresa a la fundación de Valbonesi, y reuniones privadas entre el mandatario y directivos de la compañía en Toronto.
La denuncia, presentada en nombre de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), subraya cómo el proyecto Loma Larga se convirtió en símbolo del extractivismo y los conflictos éticos que atraviesan la administración de Noboa.
Una situación similar se vive en Cotopaxi, donde el proyecto minero La Plata, operado por la empresa canadiense Atico Mining Corporation, busca extraer oro, cobre, zinc y plata en el cantón Sigchos. Pese a la oposición de las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas, la compañía recibió una licencia ambiental otorgada por el entonces Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Esta zona forma parte de un corredor ecológico que conecta páramos, bosques nublados y sistemas de agua que abastecen a más de 12.000 habitantes rurales.
Organizaciones ambientales advierten que la minería a gran escala podría contaminar quebradas y ríos como el Sigchos y el Toachi, debido al uso intensivo de explosivos, cianuro y residuos tóxicos. Aunque el gobierno promueve el proyecto como fuente de empleo e inversión, las comunidades denuncian la ausencia de consulta previa y el uso del discurso de la “seguridad nacional” para justificar el despliegue militar en la zona, amparado en el decreto del “conflicto armado interno”. En este contexto, la licencia ambiental para La Plata no solo representa una amenaza ambiental, sino también un ensayo de control territorial, donde la defensa del agua y del territorio es tratada como un acto de subversión.
Convoy humanitario
El 13 de octubre de 2025, el gobierno movilizó un operativo denominado “convoy humanitario”, encabezado por el ministro del Interior, John Reimberg; el ministro de Defensa, Francisco Vega; y la vicepresidenta María José Pinto, respaldado por más de 1000 efectivos militares y policiales. El envío fue justificado bajo el argumento de que la provincia de Imbabura, tras más de veinte días de paro convocado por la CONAIE, se encontraba aislada por bloqueos viales que impedían el abastecimiento de alimentos, medicinas y oxígeno.
Sin embargo, la Cruz Roja Ecuatoriana rechazó el operativo, señalando que carecía de los principios de neutralidad e independencia que definen las misiones humanitarias. Durante la travesía, el convoy ingresó al sector de La Esperanza, en Imbabura, donde las fuerzas del Estado intervinieron con fuerte presencia militar para abrir las vías bloqueadas. En palabras del ministro Reimberg: “La ley prohíbe el cierre de vías (…) Imbabura no puede permanecer más tiempo cerrada.”
Detrás del discurso oficial de ayuda, el operativo implicó una intervención militar que agudizó el conflicto y puso en duda la legitimidad de la acción bajo el marco del derecho humanitario. El saldo fue devastador: 22 personas heridas por balas de goma, 2 fallecidas, 2 bebés asfixiados por gases lacrimógenos y múltiples denuncias de detenciones dentro de centros de salud.
En medio de las manifestaciones se realizaron diversas acciones culturales para conmemorar a las víctimas, entre ellas un mural en Loja en homenaje a Fuerez, borrado al día siguiente. También se denunció la detención arbitraria de un camión con donaciones de víveres que fue interceptado por las Fuerzas Armadas bajo pretexto de que transportaba personas en la parte trasera; tras una hora de espera, los supuestos agentes encargados de fiscalizar nunca llegaron. En redes sociales circularon videos que muestran a militares cortando las trenzas de comuneros detenidos en Otavalo, en un acto denunciado como violencia simbólica y racista.
A pesar del anuncio de diálogo posterior al operativo en Imbabura, las comunidades señalaron que el gobierno incumplió los compromisos mínimos para garantizar mediación, atención médica a los heridos y retiro de las fuerzas armadas. Para los pueblos originarios, el diálogo ofrecido fue una estrategia mediática sin voluntad política real.
El día 27 del paro, el ministro del Interior declaró ante la prensa, “A partir de ahora, todo lo que ocurra es responsabilidad de ellos”, desligando al Ejecutivo de los hechos posteriores. Hasta la fecha, organizaciones de derechos humanos registran 109 vulneraciones, 63 detenciones, 48 heridos, 6 desaparecidos y 5 fallecidos. Se reportan además el cierre de medios comunitarios y la deportación irregular del periodista hispano-chileno Bernat Lautaro Bidegain. En paralelo, la llegada del agregado militar israelí anunciada por el embajador Tzach Sarid refuerza la alianza de inteligencia y militarización del Estado.
En este escenario, la seguridad se ha convertido en una herramienta de represión y control, más que en una garantía de derechos. Mientras tanto, Quito sigue convocándose a manifestaciones pacíficas, así como en las provincias de Esmeraldas, Loja, Cotopaxi; estudiantes, activistas, artistas, población civil, trabajadores, pueblos y comunidades mantienen su resistencia, exigiendo justicia, reparación y respeto por la vida y el territorio.
Estética del control
La crisis se manifiesta también en gestos administrativos aparentemente menores pero profundamente políticos. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) denunció que se retiró la tasa de recolección de basura a 41 alcaldías, luego de que estas no respaldaron a la candidata oficialista a la presidencia del organismo, Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne. “Es una forma de castigo político y económico”, afirmó Pabel Muñoz, alcalde de Quito.
Entre decretos, deudas y fusiones, Ecuador parece vivir una reconfiguración de su geografía política y emocional. Lo que se anuncia como “eficiencia administrativa” se traduce en reducción del Estado, pérdida de derechos y represión. En las calles, la población responde con apelaciones colectivas a la memoria, intervenciones artísticas y organización comunitaria.
La línea imaginaria de la mitad del mundo hoy marca otra frontera: la que separa el decreto del cuerpo, la política de la vida.
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Ecuatoriana, licenciada en Comunicación Social y magíster en Antropología Visual. Fotógrafa, documentalista, gestora cultural y artista visual. Sus líneas de investigación son cuerpo, memoria y territorio. Desarrolla proyectos de memoria en Ecuador, Colombia y Brasil. Fue reconocida en festivales internacionales de videoarte y fotografía.
