El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analiza el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia, el mayor programa de regularización de la región, y desmonta mitos sobre empleo, impacto fiscal, efecto imán y rechazo social, aportando evidencia a favor de políticas migratorias de integración en América Latina y el Caribe.
El pasado 3 de diciembre, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el informe “El derecho a pertenecer: Regularización de migrantes en América Latina y el Caribe”. El estudio toma como protagonista el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) de Colombia, el programa de regularización más grande en la historia reciente de América Latina.
Con evidencia empírica de este y otros programas de regularización a nivel regional e internacional, el BID busca desmontar algunos de los mitos ligados a la migración: la pérdida de empleos para trabajadores locales, la falta de contribución fiscal de la población migrante en el país de acogida, el aumento desmedido de flujos migratorios posteriores y una opinión pública anti-inmigrante con el consecuente costo político de implementar políticas de regularización.
De acuerdo con el BID, entre 2015 y 2019, cerca de 1,8 millones de venezolanos ingresaron a Colombia, y para 2021, representaban más del 5% de la población total del país, convirtiéndose así en una de las mayores y más rápidas entradas migratorias de la historia de la región.
Colombia es un caso de éxito en materia de regularización de la población migrante. Dos programas de emergencia hicieron frente a la masiva ola migratoria proveniente de Venezuela: el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV). El primero otorgaba un permiso de permanencia por dos años, mientras que el RAMV funcionó como un registro censal que permitió recabar la información necesaria para la creación de una nueva política migratoria, al reconocer que la migración venezolana ya no era una cuestión temporal y transitoria.
Las lecciones aprendidas de ambos programas dieron lugar al diseño del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) en 2021, que incorporó una perspectiva de largo plazo con permisos por diez años y la posibilidad de permanencia. El Permiso por Protección Temporal (PPT), cédula de identificación otorgada en el marco de ETPV, habilitó el acceso al empleo formal y a servicios públicos y privados. Con el ETPV se dio estatus legal a más de dos millones de personas en Colombia.
Juan Francisco Espinosa, ex director de Migración de Colombia, explicó que la regularización “no es un punto de destino, sino un punto de partida”. El ETPV requirió, además, la colaboración de las autoridades para desmontar el papel de “policía malo” asignado a los agentes migratorios y reducir la desconfianza. Con ese objetivo se creó el programa VISIBLES, a través del cual, mediante transmisiones en vivo vía Facebook Live, las personas migrantes podían hacer consultas y acceder a información clara sobre los beneficios y condiciones para obtener el ETPV.
Una cuestión a destacar es que el impacto sobre el empleo en la población local presenta diferencias según el género. Según el informe del BID, en el caso de España, por ejemplo, la regularización migratoria de 2005 —que alcanzó a unas 600.000 personas— incrementó la proporción de inmigrantes con empleo formal y redujo el empleo informal tanto entre trabajadores locales como entre migrantes poco cualificados. A su vez, las mujeres del país de acogida suelen verse beneficiadas por una mayor disponibilidad de servicios de cuidado de menor costo prestados en gran medida por las mujeres migrantes.
Estudios académicos citados por el BID muestran que la regularización de migrantes venezolanos en Colombia aumentó la recaudación por el impuesto al valor agregado (IVA), estimuló la demanda local y redujo los costos sanitarios, al favorecer la atención preventiva en lugar de los costosos servicios de urgencia. Un impacto fiscal similar se observa en el programa DACA en Estados Unidos, que genera anualmente 8.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales, según el Banco Interamericano de Desarrollo.
En cuanto a la preocupación por el “efecto imán”, es decir, el temor a que la regularización impulse un aumento de los flujos migratorios, no hay evidencia de que esto efectivamente ocurra. De acuerdo con el BID, “cuando los programas están estrictamente orientados, tienen un plazo claramente delimitado en el tiempo y van acompañados de medidas de aplicación, pueden facilitar la integración sin provocar un aumento significativo de las entradas no autorizadas”.
Para el BID, la opinión pública “es sensible a cómo se enmarca y se etiqueta la irregularidad”, ya que expresiones como “inmigrante ilegal” generan un clima de amenaza y preocupación, mientras que una redacción neutral basada en el estatus legal tiende a no producir efectos negativos. Los cambios de actitud en la población de acogida, señala el organismo, dependen “del diseño de las políticas, la relevancia de los medios de comunicación y el entorno político en general”, factores que inciden en que los migrantes sean percibidos como contribuyentes y no como amenazas.
En la base de datos que acompaña al informe del BID, se relevaron ocho programas de regularización de migrantes en Argentina entre 2013 y 2024. Dos de ellos estuvieron dirigidos a la población venezolana (2021 y 2024) y dos a la senegalesa (2013 y 2022). En el marco de un cambio de paradigma en las políticas migratorias, que tiende a concebir a las personas migrantes y solicitantes de refugio como un asunto de seguridad, Argentina se inscribe en la tendencia internacional “hacia la securitización y criminalización de la movilidad humana”. El informe del BID evidencia que este enfoque se sustenta sobre premisas erróneas y desconoce las particularidades del contexto latinoamericano.
Para las autoridades del BID, la migración en América Latina y el Caribe continuará en aumento en los próximos años y el principal desafío para las políticas migratorias de la región debería estructurarse en torno a las cinco “C”: Contar, generar y mantener registros confiables de identificación y datos actualizados; Conocer, comprender quiénes son las personas migrantes, sus trayectorias, necesidades y calificaciones; Cuidar, proteger derechos y asegurar condiciones mínimas de bienestar; Coordinar, articular esfuerzos entre instituciones y países compartiendo aprendizajes y soluciones; Consolidar, garantizar continuidad, estabilidad jurídica y oportunidades para la integración.
El-derecho-a-pertenecer-regularizacion-de-migrantes-en-America-Latina-y-el-CaribeImagen de portada: Banco Interamericano de Desarrollo
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Nació en el entonces Distrito Federal, esa ciudad donde —como escribió Monsiváis— “lo invivible tiene sus compensaciones, la primera de ellas el nuevo estatus de la sobrevivencia”. Creció bajo el cuidado de sus abuelos maternos: con su abuelo descubrió a Juan Rulfo y las canciones de Chava Flores, Los Panchos y Pedro Infante; con su abuela aprendió los secretos de la cocina y las artesanías. Desde 2020 vive en Buenos Aires, Argentina, donde continúa su historia como migrante.
