Todo proceso migratorio tiene un origen, un tránsito y un destino. Comprender cada uno de estos trayectos es crucial para dar una respuesta adecuada y para entender a las migraciones desde otro lugar. Instituciones como la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF) trabajan con esa idea.
Martina Bas, del servicio social, y Laura Paredes, del área de capacitación de CAREF, dialogaron con Refugio Latinoamericano sobre los desafíos que enfrentan en un contexto en que las políticas y los discursos tienden a criminalizar a la migración –no solamente en Argentina, sino también en gran parte del mundo–.
“En Argentina no son novedosos los discursos que culpabilizan y responsabilizan a las personas migrantes de ‘todos los males que aquejan al país’, incluso esto mismo se puede observar hoy en día en diferentes territorios a nivel internacional”, afirman.
Sin embargo, señalan también, es importante resaltar que la presentación de la migración como una amenaza o una cuestión sin precedentes tampoco tiene asidero en los números. “Tomando la información publicada por INDEC en el último censo del año 2022 ‘se contabilizó a 1.933.463 personas en viviendas particulares de la Argentina nacidas en otro país, de las cuales 1.061.421 eran mujeres y 872.042 eran varones. Esto representa el 4,2% del total de población en viviendas particulares, lo que confirmó la tendencia en descenso de población no nativa respecto del total, una característica constante de este tercer milenio’”, explican.
“En Argentina no son novedosos los discursos que culpabilizan y responsabilizan a las personas migrantes de ‘todos los males que aquejan al país’, incluso esto mismo se puede observar hoy en día en diferentes territorios a nivel internacional”, afirman las representantes de CAREF.
Esto demuestra, continúan, que la idea de una “migración descontrolada hacia Argentina” es un mito. Un mito que “busca justificar los recortes presupuestarios en políticas públicas (los cuales suponen una serie de obstáculos y un aumento en los requisitos para el acceso a los derechos de la población migrante) y los aumentos presupuestarios en materia de políticas represivas y de control social”, agregaron.
Del protocolo “antipiquetes” al recorte en servicios sociales y de salud
“En el año 2003, gracias a la lucha y al trabajo conjunto de diversas organizaciones sociales, de migrantes, referentes, y organismos gubernamentales, se sancionó la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871, que se enraíza fuertemente en un paradigma de derechos humanos. Esta normativa considera, por primera vez, a la migración como un derecho fundamental de las personas, y es el Estado quien asume la responsabilidad de garantizarlo”. A su vez, aclararon, “la normativa estipula que el acceso a derechos básicos como la salud, la educación o la justicia, en nuestro país debe ocurrir de forma universal, sin importar la situación migratoria”.
Y agregaron que “todo esto es lo que el Gobierno de Javier Milei puso en tela de juicio al implementar medidas y transformaciones sociales y económicas de todo tipo, desde una perspectiva neoliberal, en el último tiempo”.
Desde CAREF interpretan que Argentina está viviendo “un grave retroceso en el acceso a derechos de las personas que habitan en el territorio, teniendo consecuencias diferenciales sobre las personas migrantes y refugiadas”. En particular, aquellas con menos recursos económicos, en condición migratoria irregular o que pueden estar atravesando procesos judiciales.
“Una de las primeras modificaciones (diciembre 2023), impulsada por el Ministerio de Seguridad al mando de Patricia Bullrich, es el llamado ‘protocolo antipiquetes’. En este se señaló, entre otros temas de suma gravedad, que, si personas extranjeras participan de movilizaciones o cortes de calles, se brindarán sus datos a la Dirección Nacional de Migraciones. Aunque no especificó con qué objetivo, sabemos que la amenaza latente es la expulsión”, destacaron.
Por eso, entienden que esta decisión es inconstitucional. “Afecta el derecho a la protesta, así como también el derecho a peticionar a las autoridades y a la libertad de expresión y reunión. Por otro lado, si la mera participación en una manifestación constituye un acto que amerita ser informado a las autoridades, entonces también afecta el derecho a la defensa y la presunción de inocencia”.
En definitiva, además, esta disposición es contraria a la ley de migraciones, porque implica un trato desigual entre nacionales y extranjeros, detallaron.
Desde CAREF interpretan que Argentina está viviendo “un grave retroceso en el acceso a derechos de las personas que habitan en el territorio, teniendo consecuencias diferenciales sobre las personas migrantes y refugiadas”. En particular, aquellas con menos recursos económicos, en condición migratoria irregular o que pueden estar atravesando procesos judiciales.
Destacaron también el retroceso en el plano de las provincias en lo que es su competencia, como el tema de la salud. “Se implementaron o se está evaluando implementar el arancelamiento para la atención a personas migrantes no residentes. Según el Observatorio Gabriel Chausovsky, las provincias que implementaron el sistema de cobro son Jujuy, Salta, Santa Cruz y Mendoza . Mientras que, en Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Neuquén elaboraron decretos o presentaron proyectos de ley. Con ello se busca distinguir entre migrantes que cuentan con residencia (DNI) en el país y aquellos migrantes que se encuentran en condición migratoria irregular, es decir, que no han iniciado un trámite de radicación en el país”. No obstante, “en la ley nacional de migraciones se expresa claramente que ‘no podrá negarse o restringirse, en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria’”.
Las especialistas también hicieron referencia a los planes y programas como Potenciar Trabajo y la Asignación Universal Por Hijo (AUH). “Se llevó a cabo una revisión azarosa en trámites particulares bajo el fundamento de ‘malversación de fondos’, estableciendo tres supuestos para la suspensión del cobro: que una persona haya realizado un viaje mayor a 30 días a cualquier destino; en segundo lugar, que el viaje haya sido en avión o crucero; y, en tercer lugar, que el destino del viaje haya sido fuera de América Latina”. Cuando hablamos de personas migrantes estos motivos resultan poco fundados, explicaron, por el simple hecho de que “la gran mayoría de estos viajes se realizaron al país de origen y por diversos motivos, principalmente vinculados a visitas familiares o por motivos de salud”.
A esto se suma el aumento del 1500% en el valor de los aranceles migratorios. “La tasa migratoria para el inicio del trámite de radicación para personas provenientes del Mercosur pasó de costar $3000 a costar $50.000, mientras que para personas pertenecientes a países de extra-Mercosur pasó de costar $6.000 a $100.000”. Estos no son los únicos trámites: “a esto se les debe sumar el pago del plástico de DNI y el pago de los antecedentes penales argentinos. En algunos casos, también se debe reunir el dinero para el pago de otros documentos del país de origen, así como apostillas/legalizaciones y traducciones (en caso de corresponder). Esto dificulta la regularización de la residencia”.
Para las personas que (contempla la ley) carecen de recursos económicos para cubrir estos pagos y por tanto pueden solicitar la eximición de la tasa migratoria las condiciones también cambiaron: “actualmente se solicita un informe socioambiental elaborado por una trabajadora social de organismos públicos o de organizaciones sociales que cuenten con convenio con Migraciones. Frente a los despidos en el sector público y cierre de instituciones, resulta muy dificultoso llevar a cabo estas tareas y por ello dar inicio al trámite de radicación sin abonar el pago de la tasa migratoria”.
Migración y crisis económica
“La crisis socioeconómica profundiza y acelera el deterioro de las condiciones de vida, la flexibilización y precarización laboral expone a las personas a tener que trabajar más horas, por menos salario y por ello requerir tener más de un empleo en condición informal”, argumentaron las entrevistadas. “Una de las principales formas de generar ingresos está vinculada a trabajos de la economía popular. Recientemente pudimos ver el despliegue represivo en el barrio de Once contra quienes se encontraban trabajando en forma ambulante o como manteros. Esto puede verse en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en donde la policía persigue y hostiga a trabajadoras sexuales, trabajadores ambulantes, cartoneros o recicladores. Mientras tanto, aumentan las filas en los comedores barriales y el Ministerio de Capital Humano continúa sin entregar los alimentos correspondientes”, opinaron.
Desde CAREF alertan también sobre los discursos que criminalizan la migración. En un documento conjunto con otras organizaciones expresaron que, “en enero de 2024, el jefe de Gobierno porteño y parte de su gabinete comenzaron una campaña de persecución mediática contra las y los extranjeros: de forma malintencionada, volvieron a asociar la migración con la delincuencia. Un punto importante de esta escalada tuvo lugar en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el 1 de marzo de este año, cuando Jorge Macri pidió que se restituya el Decreto 70/2017 para ‘deportar a los extranjeros ilegales que delinquen’”. En el documento también señalaron que “el DNU 70 al que se refirió Jorge Macri en su discurso modificó en 2017 varios artículos de la Ley Nacional de Migraciones, una ley forjada participativamente que consolidó a la Argentina como un faro a nivel global en materia migratoria; y de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. Dichas modificaciones se realizaron pasando por alto los mecanismos constitucionales, argumentando una ‘urgencia’ que no fue posible demostrar, en el marco de una fuerte campaña mediática de criminalización de la migración durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)”.
Cómo contrarrestar desde las organizaciones
Conocer el tema que nos ocupa es el primer paso para correrse de los discursos que estigmatizan. Para eso, hace falta información, enfatizan las especialistas. “Los procesos migratorios y las historias de vida de cada persona nos ayudan a comprender la geopolítica y los contextos socioeconómicos de los países de origen, los cuales, en muchos casos, motivaron las decisiones al momento de migrar. En un mundo globalizado y en permanente movimiento, conocer y aprender de las experiencias en el país de origen –tanto individuales, grupales como colectivas–, así como de las experiencias de la construcción de proyectos de vida en Argentina, nos aportan una visión integral para pensar acciones en conjunto”, afirmaron.
“Las migraciones nos desafían a construir una comunidad local transnacional desde una perspectiva interseccional. Teniendo en cuenta los diversos atravesamientos y las particularidades de cada contexto”, sintetizaron.
Periodista especializada en migraciones y Lic. en Relaciones Internacionales. Trabaja desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación. Sus raíces migrantes provienen de España, Italia y Escocia.
