El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció un “incentivo extraordinario de fin de año” que ofrece 3.000 dólares y un vuelo gratuito a inmigrantes en situación irregular que abandonen voluntariamente el país registrándose a través de la aplicación CBP Home. La medida, vigente hasta finales de diciembre, triplica el pago anterior de 1.000 dólares del “Proyecto Homecoming” y se enmarca en la estrategia de la administración de Donald Trump para endurecer la política migratoria mientras busca reducir los costos de las deportaciones formales.
El anuncio fue difundido oficialmente mediante un comunicado del DHS y replicado en la red social X, un detalle relevante en el que el gobierno estadounidense ha intensificado el uso de plataformas digitales para transmitir mensajes directos, de alto impacto político y simbólico, tanto a su base electoral como a la población migrante.
El hecho de que el anuncio haya sido difundido vía X no es menor. La plataforma se ha convertido en un canal clave para comunicar de forma directa, sin intermediarios, y con un lenguaje claro, confrontativo y altamente visible. En este caso, el uso de X refuerza el carácter político del mensaje y su intención disuasoria, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
En conjunto, el programa de incentivos de fin de año refleja una política migratoria centrada en intensificar la presión y la eficiencia económica, donde la “autodeportación” es presentada como una alternativa “voluntaria”, pero bajo la amenaza explícita de consecuencias más severas para quienes decidan permanecer en el país sin estatus legal. Según el DHS, quienes opten por la “autodeportación” a través de CBP Home también podrán calificar para el perdón de multas civiles o sanciones administrativas asociadas a la permanencia irregular o no haber salido del país en el plazo requerido.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue aún más explícita en el tono político del mensaje. En declaraciones incluidas en el anuncio, calificó la autodeportación como “la mejor opción” para quienes viven sin estatus legal y afirmó que se trata del “mejor regalo” que pueden hacerse a sí mismos y a sus familias durante las fiestas. Al mismo tiempo, advirtió que quienes no acepten la oferta se enfrentarán al arresto, deportación forzosa y prohibiciones de reingreso a Estados Unidos.
La “autodeportación” se consolidó como eje de la estrategia migratoria de Estados Unidos a partir de enero de 2025. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fechado el 10 de diciembre de 2025, más de 2,5 millones de personas sin estatus legal han abandonado el país desde entonces, una cifra que incluye tanto salidas voluntarias como deportaciones formales bajo la actual política migratoria. El propio DHS no desglosa públicamente cuántas de esas salidas corresponden específicamente a procesos de autodeportación voluntaria gestionados a través de la aplicación CBP Home. No obstante, el organismo reconoce que decenas de miles de personas han utilizado esta herramienta —lanzada en marzo de 2025— con el objetivo explícito de “facilitar” la salida voluntaria del país. Desde la perspectiva oficial, esta política responde también a un criterio de eficiencia económica: el costo promedio de arrestar, detener y deportar a una persona sin estatus legal ronda los 17.000 dólares, frente a incentivos económicos considerablemente menores. Esta lógica refuerza el enfoque de la administración de Donald Trump que, desde su regreso al poder, ha prometido niveles récord de expulsiones como pilar central de su política migratoria.
Aunque el presidente había anunciado la expulsión de alrededor de un millón de personas migrantes por año, su gobierno ha deportado hasta ahora unos 327.000 inmigrantes desde enero de 2025 al día de hoy, según el trackeo de medios como The Guardian en base a los datos del propio ICE. Sin embargo, de cara a 2026, funcionarios estadounidenses anticipan una ofensiva más agresiva, con miles de millones de dólares en nuevos fondos, la contratación de más agentes migratorios, la apertura de centros de detención y alianzas con empresas privadas para localizar a las personas.
También te puede interesar: Estados Unidos elimina el período de gracia y deja a miles de migrantes en riesgo laboral inmediato
La respuesta desde los Derechos Humanos y la defensa legal
En contrapartida al endurecimiento de la política migratoria, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil han reforzado su trabajo en defensa de los Derechos Humanos de las personas migrantes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk,expresó su preocupación por la política de deportaciones en Estados Unidos, al advertir que las expulsiones masivas plantean serios riesgos para derechos fundamentales como el debido proceso, la protección frente a la detención arbitraria y la garantía de no devolución a contextos de violencia. El organismo subrayó que recientes deportaciones habrían vulnerado tanto la legislación estadounidense como compromisos internacionales en materia de derechos humanos, e instó a las autoridades a respetar las garantías legales.
En el ámbito interno, organizaciones como United We Dream (UWD), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Abundant Futures Fund (AFF) unieron esfuerzos para lanzar el Fondo para la “Defensa de Nuestros Vecinos”, una iniciativa destinada a ampliar el acceso a asistencia legal para familias inmigrantes que enfrentan detención, separación o deportaciones consideradas injustificadas. El fondo ya ha recaudado más de 10 millones de dólares y apunta a alcanzar al menos 30 millones para respuestas de emergencia, en un contexto en el que, según Pew Reseach Center, 22 millones de personas viven en hogares con al menos una persona inmigrante en situación irregular. Las organizaciones advierten que, sin apoyo legal, muchas familias se ven obligadas a enfrentar solas un sistema migratorio complejo y adverso, lo que refuerza la importancia del acceso a representación jurídica como un derecho esencial y una herramienta clave para la protección de la unidad familiar.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el programa de incentivos para la “autodeportación” expone con nitidez las tensiones centrales de la política migratoria estadounidense: una estrategia que privilegia la disuasión y la eficiencia económica por sobre la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. En este escenario, la defensa del debido proceso, el acceso efectivo a la representación legal y la protección de la unidad familiar emergen como pilares indispensables para evitar que la aplicación de la política migratoria derive en vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos de millones de personas migrantes y de las comunidades que las rodean.
Foto de portada: Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos | Foto: UK Home Office (CC BY 4.0)
Contenidos relacionados:
Estados Unidos elimina el período de gracia y deja a miles de migrantes en riesgo laboral inmediato
Un matrimonio neoyorquino es destrozado por el ICE
El triunfo de Mamdani en Nueva York: el nuevo alcalde migrante que le marca un límite a Donald Trump
Periodista, fotógrafa y viajera, mi vida es una hoja con palabras por escribir y una galería de imágenes que está tejiendo relatos que conectan vivencias, saberes y personas. Mis raíces son migrantes, mis abuelos maternos llegaron de Italia y mi abuela paterna de España, mientras que mi abuelo paterno tiene raices criollas. Nací en Argentina pero viví en España y en Australia. Soy una profesional comprometida que siempre va en busca de nuevas historias.
