La caída de los encuentros fronterizos consolida un cambio de paradigma iniciado en 2024: una estrategia de contención en la que, además de las políticas restrictivas aplicadas por los Estados Unidos, México impone las propias. Varios informes dan cuenta que el descenso responde a una inercia de restricciones previas y a la externalización del control migratorio en la región.
Según un análisis del Pew Research Center, los encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron mínimos mensuales históricos, registrando caídas en periodos específicos a niveles no vistos desde 1970, incluso por debajo de los registros de la pandemia de COVID-19. Este récord es resultado de la implementación de una sucesión de políticas migratorias restrictivas que datan del primer mandato de Donald Trump, pero sobre todo de la cooperación entre las administraciones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador en México.
Este fenómeno, validado por el propio Pew Research Center, no representa una media anual sostenida, sino un descenso drástico en periodos puntuales tras la implementación de restricciones al asilo. El dato de 1970 subraya la efectividad de la externalización de fronteras, donde México opera como la verdadera barrera física y administrativa antes de que el flujo llegue a territorio estadounidense.
Un estudio llevado a cabo por los académicos Adam Cox (NYU School of Law), David Hausman (Berkeley Law School) y Mary S. Hoopes (Pepperdine Caruso School of Law) analiza el impacto de las políticas de disuasión en la frontera. Los investigadores precisan que el descenso histórico en los encuentros —que alcanzó un 70% de caída hacia el final de la gestión de Joe Biden en 2024— se vincula estrechamente con la externalización del control migratorio hacia México y su rol como zona de contención. Si bien el reporte del Pew Research Center de febrero de 2026 confirma que las cifras han llegado a niveles de 1970, el análisis señala que este fenómeno responde más a la inercia de las restricciones previas que a la eficacia operativa de las nuevas medidas de 2025. En este nuevo periodo, el enfoque ha virado hacia el interior de Estados Unidos, mediante el fortalecimiento de operativos en espacios públicos, el impulso a las deportaciones de personas no ciudadanas y la cuestionada limitación del derecho de ciudadanía por nacimiento.
El rol estratégico de México como zona de contención
En 2019 (primer mandato de Donald Trump), se creó el programa MPP (Protocolos de Protección Migrante, por sus siglas en inglés), conocido como “Quédate en México”. A través de este, se calcula que 68 000 personas migrantes fueron enviadas a México para esperar la respuesta a su solicitud de refugio en Estados Unidos. Las cifras del American Immigration Council revelan que, cuando la administración Biden puso fin al MPP, 732 personas obtuvieron una respuesta positiva a su solicitud de refugio, poco más del 1 % del total.
Las personas migrantes interceptadas en México aumentaron a partir de 2021, año en que asumió el demócrata Joe Biden. De acuerdo con el servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos, de 2015 a 2020 el gobierno mexicano no reportó más de 200 mil aprehensiones de personas migrantes por año; en 2021 fueron 300 mil y en 2024 alcanzaron un récord de más de 1 200 000. Fue durante la administración de Biden que México fortaleció su papel como zona de contención para las personas migrantes en su camino hacia Estados Unidos.
En 2023, México fue el tercer país con mayor número de solicitudes de refugio a nivel mundial (después de Estados Unidos y Alemania), de acuerdo con Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) es la entidad gubernamental encargada de conducir el procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona refugiada, “aquella que ha huido de su país por temor a ser perseguida por su raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o a causa de otras formas de violencia grave que ponen en riesgo su vida, seguridad o libertad y que por estas razones no puede regresar”. De acuerdo con cifras oficiales de esta entidad, México recibió el mayor número de solicitudes de refugio en 2023 con 140 720. Sin embargo, en 2024 el número se redujo a 78 975.
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De acuerdo con el Migration Policy Institute (MPI), a partir de mayo de 2024 se consolidó un cambio de paradigma: los registros de movilidad irregular de las autoridades mexicanas superaron a los de la patrulla fronteriza estadounidense. Las cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de México confirman que durante 2024 —año de transición para las administraciones de López Obrador y Joe Biden— se alcanzó un récord de 1.234.698 eventos de personas en situación migratoria irregular. En este flujo, la población de origen venezolano se posicionó como el grupo principal con más de 360.000 casos, desplazando en volumen a la migración proveniente de Centroamérica (Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador), que sumó más de 310.000 eventos.
La movilidad humana proveniente de Ecuador también experimentó un crecimiento significativo, alcanzando más de 118.000 eventos en el último periodo. Este incremento coincide con el deterioro de la seguridad tras el Decreto 111 del 9 de enero de 2024, que reconoció oficialmente la existencia de un ‘conflicto armado interno’ en el país. Según el monitoreo de flujo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realizado en 2024, la intención de migrar entre la población local escaló del 15,1% al 23,9%, con la particularidad de que la mitad de las personas consultadas señalaron a Estados Unidos como su destino principal. Si bien la búsqueda de mejores condiciones de vida sigue siendo el motivo predominante (36,6%), la violencia e inseguridad se han consolidado como el segundo factor determinante, impulsando la salida del 26,2% de las personas encuestadas.
La situación de las personas migrantes en México
En marzo de 2023, un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración de México (INM) en Ciudad Juárez (ciudad fronteriza con Estados Unidos) donde murieron 39 personas que se encontraban detenidas, puso nuevamente en evidencia la situación que enfrentan las personas migrantes en este país. Después de este hecho, el INM suspendió temporalmente la operación de 33 Estancias Provisionales para personas migrantes.
En 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México elaboró un informe especial sobre las Estancias Migratorias y señaló que cerca del 31% de las personas migrantes alojadas no sabía en dónde estaba ubicada, el 23 % no fue informada sobre los motivos por los cuales se encontraba ahí y el 69% no sabía cuál era su situación migratoria. En el mismo informe se le asignó un puntaje a cada estación migratoria según sus condiciones de alojamiento (25 puntos), infraestructura de seguridad (25 puntos), protección y defensa jurídica (25 puntos) e infraestructura de salud (25 puntos). De las 49 estancias analizadas (11 estaciones migratorias y 38 estancias provisionales), 24 superaron los 50 puntos. La peor calificada (Estancia Provisional “A” de Huehuetán, Chiapas, sur de México) obtuvo 21,67 y la mejor (Estancia Provisional “B” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sur de México), 67,86. La CNDH encontró además que de 2019 a 2022, el INM aumentó el número de quejas en su contra año con año: 714 en 2019, 1044 en 2020, 1239 en 2021 y 2141 en 2022. El mayor número de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de estas autoridades ocurrió en Chiapas (frontera sur) con el 27,33%, seguido de la Ciudad de México con 11,63%.
Por su parte, un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho mostró su preocupación ante la “creciente militarización de la política migratoria en México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador”. En él se señala la asignación de mandos militares en más del 40 % de las oficinas de representación del INM hacia junio de 2023, el despliegue masivo de la Guardia Nacional, Ejército y Marina en las fronteras norte y sur y rutas migratorias del país con más de 14 000 elementos, el hostigamiento e intimidación a las personas defensoras de derechos humanos y se cuestiona sobre la incompatibilidad de las Fuerzas Armadas en tareas de control migratorio y el uso excesivo de la fuerza contra personas migrantes.
En cuanto a las personas en situación migratoria irregular reportadas por el gobierno mexicano, los datos consolidados de 2025 muestran una estabilización tras los picos de 2024. Sin embargo, la comunidad venezolana sigue siendo el grupo principal: de los eventos registrados en el último periodo reportado, las personas de origen venezolano representan la mayoría del flujo, manteniendo una tendencia que superó los 360.000 eventos anuales. La OIM ha señalado que durante 2025 la región ha experimentado una disminución significativa de los eventos migratorios irregulares, lo que marcaría, de acuerdo a este organismo, un cambio en la tendencia creciente que se registró entre 2021 y 2024.
Imagen de portada: The Great Wall of America (2016), de Gary Goodenough (CC BY-NC-ND 2.0)
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Nació en el entonces Distrito Federal, esa ciudad donde —como escribió Monsiváis— “lo invivible tiene sus compensaciones, la primera de ellas el nuevo estatus de la sobrevivencia”. Creció bajo el cuidado de sus abuelos maternos: con su abuelo descubrió a Juan Rulfo y las canciones de Chava Flores, Los Panchos y Pedro Infante; con su abuela aprendió los secretos de la cocina y las artesanías. Desde 2020 vive en Buenos Aires, Argentina, donde continúa su historia como migrante.
