Aunque el Gobierno nacional evalúa la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria, hasta el momento no existe ningún decreto ni definición formal que la respalde. Versiones cruzadas, internas oficiales y falta de precisiones mantienen la iniciativa en el terreno de los borradores y las disputas políticas.
En las últimas semanas se intensificaron las versiones sobre la posible creación de una Agencia de Seguridad Migratoria (ASM), un nuevo organismo que el Gobierno nacional prepara para reforzar el control migratorio. Aunque algunos portales ya lo presentan como un hecho consumado, a la fecha no existe ningún decreto publicado que formalice su creación ni su puesta en funcionamiento.
Según reconstrucciones periodísticas, el Ejecutivo tendría avanzado un borrador de decreto que se encuentra en “ajustes técnicos finales”, con participación de los ministerios de Seguridad y de Transformación del Estado, además de la Secretaría Legal y Técnica. En ese marco, el nombre del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, aparece mencionado como quien podría encabezar el organismo, aunque no hay designación oficial ni respaldo normativo que lo confirme.
Funciones, límites y disputas internas
De acuerdo con fuentes citadas por distintos medios, la futura agencia tendría como misión principal el control de pasos fronterizos, con foco en la lucha contra el crimen organizado y el endurecimiento de las deportaciones de personas extranjeras que cometan delitos. No obstante, aún no está definido si la ASM contará con personal armado o una fuerza propia, lo que abriría un conflicto de competencias con fuerzas federales como Gendarmería y Prefectura.
En paralelo, trascendieron tensiones internas dentro del Gobierno por la conducción política del área. Mientras Valenzuela contaría con el respaldo del presidente Javier Milei y de la exministra y actual senadora Patricia Bullrich, existirían reparos desde el área que encabeza la ministra Alejandra Monteoliva, tanto por el nombramiento como por el diseño final del organismo.
Sin presupuesto ni estructura aprobada
Más allá de los trascendidos, no existe un presupuesto nacional aprobado para 2026 que contemple la implementación integral de la Agencia de Seguridad Migratoria. Tampoco se difundieron públicamente datos clave como monto asignado, cantidad de efectivos, plazos de implementación, planes de capacitación o evaluaciones de impacto sobre las fuerzas existentes.
El único dato presupuestario confirmado es el de la Dirección Nacional de Migraciones, que según el proyecto de Presupuesto 2026 remitido oportunamente al Congreso, contaría con $181.140 millones para su funcionamiento actual. La DNM posee alrededor de 2.000 agentes civiles no armados, distribuidos en pasos fronterizos, aeropuertos, puertos y delegaciones provinciales, una estructura muy distinta a la que implicaría una agencia con perfil policial.
Fuentes consultadas por Refugio Latinoamericano señalaron que se están registrando rechazos en pasos fronterizos con mayor frecuencia de lo que era habitual observar. Según indicaron, esta práctica se explica por el cruce de bases de datos entre el SIFCOP, la Policía Federal, Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de Reincidencias. Cuando en esos sistemas figura una condena penal, el procedimiento ahora deriva automáticamente en el rechazo en frontera.
Alertas y comparaciones internacionales
Organizaciones de personas migrantes y de derechos humanos comenzaron a expresar impugnaciones políticas al proyecto, advirtiendo que podría consolidar un proceso de securitización de la política migratoria. En ese sentido, algunas voces lo comparan con un posible “ICE argentino”, en alusión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ampliamente cuestionado por prácticas represivas y violaciones de derechos humanos.
Por ahora, esas objeciones no derivaron en acciones judiciales, pero sí en reclamos públicos de transparencia, debate parlamentario y garantías legales.
Un escenario abierto
En síntesis, la Agencia de Seguridad Migratoria aún no existe formalmente. No tiene decreto, presupuesto aprobado, estructura definida ni conducción oficializada. Lo que sí existe es un proceso político en curso, atravesado por internas gubernamentales, disputas por recursos y un clima regional de endurecimiento migratorio.
Hasta que el Ejecutivo publique normas concretas, la iniciativa permanece en el terreno de las versiones, los borradores y las disputas de poder, más que en el de las políticas públicas efectivas.Refugio Latinoamericano continuará siguiendo el tema y diferenciando entre hechos confirmados, anuncios políticos y operaciones discursivas, en un debate con impacto directo sobre los derechos de las personas migrantes en Argentina.
Imagen de portada: Presidente Milei en la presentación del Departamento Federal de Investigaciones. | Foto: Ministerio de Seguridad de la Nacion
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